Los problemas que más nos
preocupan en España siguen estando encabezados por el paro, en el segundo lugar, los problemas
económicos, en tercer lugar, la clase
política y los partidos, y en cuarto lugar, la corrupción. Y no deja de ser curioso que los cuatro tienen
una sorprendente interdependencia.
España está inmersa en
una gran crisis moral y ética a causa de la sensación generalizada de corrupción en la política,
aunque también en otros estadios de la sociedad como la economía, las finanzas,
el deporte, la cultura, etc.
Los partidos políticos en nuestro país no buscan la excelencia sino la fidelidad, dentro de un sistema opaco de efecto rebote, en el que la ciudadanía no evita ni condena el fraude desde los niveles más cotidianos del día a día hasta los niveles más alto del Estado.
Los partidos políticos en nuestro país no buscan la excelencia sino la fidelidad, dentro de un sistema opaco de efecto rebote, en el que la ciudadanía no evita ni condena el fraude desde los niveles más cotidianos del día a día hasta los niveles más alto del Estado.
Los países europeos
con más altos niveles de corrupción son el grupo de naciones a los que los
anglosajones denominan peyorativamente “PIGS”
(Portugal, Italia, Grecia y Spain), término que hace referencia a una frase hecha para designar a algo inverosímil: flying
pig (cerdo
que vuela) y que metafóricamente destaca el hecho de que, una vez dentro de la
Unión Europea, sus “economías volaron” y ahora vuelven a caer a la tierra.
Actualmente, incorporan Irlanda a este grupo y los denominan “GIPSY” (gitano).
Fidelidad frente a méritos
La mayor parte de los
escándalos de corrupción tiene su origen en los partidos políticos y su financiación. En España, los
partidos están sobreprotegidos mediante
el actual e injusto sistema electoral, las abundantes subvenciones públicas, la
ausencia de control y las leyes que fomentan la opacidad y evitan la
trasparencia (que ellos mismos dictan para su interés y perpetuidad).
Como consecuencia de
ello, muchas personas, con nula capacidad, escaso talento y limitada aptitud
para el desarrollo de otras actividades distintas a la política, han pasado a formar parte de las huestes
profesionalizadas de nuestros partidos políticos. Y lo peor de todo, nunca han trabajado fuera de la política por lo que no saben ni comprenden los problemas de los ciudadanos trabajadores.
La consecuencia es que el nivel medio de la clase política española es posiblemente el más bajo de Europa (muchos ministros y altos cargos no hablan idiomas y/o no tienen estudios superiores).
El reclutamiento de
afiliados se basa en la fidelidad, de modo que los partidos están
mayoritariamente formados por buscadores
de cargos. El resultado es una verdadera oligarquía, es decir, el gobierno de los peores. El poder e
influencia políticos se perpetúan por lealtad
a un partido, con un compendio de ideas programáticas y organizados
jerárquicamente, sin que las cualidades éticas, académicas, etc. sean de mérito
reconocido ni de importancia requerida.
Algunas soluciones
Pensábamos que la
corrupción y el tráfico de influencias había llegado a su punto álgido con la
burbuja inmobiliaria, pero ha continuado creciendo en número y gravedad hasta
hoy (caso Gurtel, caso Blanco, caso Bárcenas, caso ERES Andalucía o caso
Noos), con la diferencia de que ahora los intermediarios que cobran comisiones son miembros del propio partido o los cargos públicos
directamente.
Muchas de estas vergonzosas
situaciones se podrían evitar con la creación de listas abiertas en las elecciones, en las que el ciudadano pueda elegir
los cargos políticos con independencia del partido al que pertenezcan.
Asimismo, sería conveniente
establecer un control externo y total
transparencia en las finanzas de los
partidos políticos, incluidas sus organizaciones locales, así como sus
ramas juveniles y fundaciones.
Por supuesto, sería necesario priorizar una eficiente gestión
profesional de las administraciones
públicas –central, autonómica y local– sin partidismos y que los contratos
y licencias sean transparentes y de ámbito público.
Para que estas medidas
de control fueran efectivas, sería esencial que la Justicia imponga sanciones. Lo que requeriría más medios humanos y
menos trámites burocráticos en los organismos judiciales, lo contrario
de lo que ahora sucede.
Es muy improbable que los partidos impulsen este tipo de reformas por sí mismos. La reacción de los políticos al escándalo de los sobresueldos muestra que tienen miedo de que se sepa lo que hacen o creen que la gente no los valoraría ni siquiera por lo poco que cobran (en comparación con la mayor parte de los políticos europeos).
Es muy improbable que los partidos impulsen este tipo de reformas por sí mismos. La reacción de los políticos al escándalo de los sobresueldos muestra que tienen miedo de que se sepa lo que hacen o creen que la gente no los valoraría ni siquiera por lo poco que cobran (en comparación con la mayor parte de los políticos europeos).
De seguir por el
camino que vamos, el contexto más probable será el ejemplo griego: un mayor
enroque y la consiguiente disgregación de los partidos y, como consecuencia,
peor gestión pública y más hundimiento económico, mayor degeneración política
y, desde luego, aún mayor corrupción.
Caso Gürtel (Madrid
y Valencia)
Supuesta trama de
corrupción ligada a varios cargos del Partido Popular (PP), que comenzó a
instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y
que pasó después a ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de
Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo.
Cerca de 120 personas han
estado imputadas en este caso, entre ellas Francisco Correa, presunto cerebro de la
trama; el ex-presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (absuelto en la 'causa de los trajes'), y el ex-senador y
ex-tesorero del PP Luis Bárcenas, que tiene 22 millones de
euros en una cuenta bancaria en Suiza, según probó la Unidad de Delitos
Económicos y Fiscales (UDEF), aunque él dijo en sede judicial que llegó a tener
unos 38 millones. El cálculo de esta trama estima en 120 los millones de euros robados y 48 los millones blanqueados.
Caso Palma Arena
(Baleares)
Iniciado en 2008 para
investigar el sobrecoste de 42 millones de euros en la construcción del
velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas del Partido Popular (2003-2007), ha derivado en 26 piezas distintas, entre las que
figuran varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas.En el primer juicio, Matas
fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por beneficiar con dinero
público al periodista que le escribía los discursos.
Esta condena está
pendiente de recurso ante el Supremo. Quedan por juzgarse el resto de casos.
Iniciado en 2008 para
investigar el sobrecoste de 42 millones de euros en la construcción del
velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas del Partido Popular (2003-2007), ha derivado en 26 piezas distintas, entre las que
figuran varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas.En el primer juicio, Matas
fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por beneficiar con dinero
público al periodista que le escribía los discursos.Esta condena está pendiente de recurso ante el Supremo. Quedan por juzgarse el resto de casos.
Caso Nóos (Baleares)
Es una pieza separada del
Palma Arena en la que se investiga desde 2010 el supuesto desvío al Instituto
Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, de más de 6,1 millones de
euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre
2004 y 2007 en convenios firmados por el duque de Palma. Según Hacienda, el
Instituto Nóos habría facturado en
total 16 millones de euros provenientes de 103
administraciones públicas y organizaciones ajenas.
En esta causa, que se
investiga en Palma, pero con ramificaciones en Valencia y Barcelona, hay
imputadas una veintena de personas.
La Fiscalía ha reclamado a Urdangarin y a
su ex-socio Diego Torres, los dos principales
acusados, una fianza de 8.189.448 euros en concepto de responsabilidad civil
derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso. El juez ultima
la instrucción, que no tiene todavía fecha de juicio.
Es una pieza separada del
Palma Arena en la que se investiga desde 2010 el supuesto desvío al Instituto
Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, de más de 6,1 millones de
euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre
2004 y 2007 en convenios firmados por el duque de Palma. Según Hacienda, el
Instituto Nóos habría facturado en
total 16 millones de euros provenientes de 103
administraciones públicas y organizaciones ajenas.En esta causa, que se investiga en Palma, pero con ramificaciones en Valencia y Barcelona, hay imputadas una veintena de personas.
Caso Palau de la Música (Cataluña)
La causa abierta en 2009
por el saqueo del Palau de la Música a manos de sus ex-responsables Fèlix Millet
y Jordi Montull derivó en 2011 en una investigación por el presunto pago de
comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la institución cultural, a cambio de la
adjudicación de obra pública. CDC tiene su sede embargada a la espera de
sentencia porque se considera a este partido responsable del desvío de 3,3 millones de euros.
En esa investigación
judicial por el presunto desvío de fondos del Palau, ya casi ultimada,
permanecen imputadas una veintena de personas, entre ellas los saqueadores
confesos del Palau, pero también cargos de CDC, como su ex-tesorero Daniel
Osàcar o el ex-secretario de Comunicación de la Generalitat Marc Puig, así como
un ex-directivo de la constructora Ferrovial.
La causa abierta en 2009
por el saqueo del Palau de la Música a manos de sus ex-responsables Fèlix Millet
y Jordi Montull derivó en 2011 en una investigación por el presunto pago de
comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la institución cultural, a cambio de la
adjudicación de obra pública. CDC tiene su sede embargada a la espera de
sentencia porque se considera a este partido responsable del desvío de 3,3 millones de euros.
Caso ITV (Cataluña)
Un juzgado de Barcelona
investiga desde el año pasado una presunta trama empresarial que supuestamente
intentó amañar los concursos de concesiones de ITV en Cataluña, en la que está
imputado el ex-número 2 de la Diputación de Barcelona Josep
Tous, además del subdirector de Seguridad Industrial de la
Generalitat, Isidre Masalles, junto a
tres empresarios del sector.
Operación Malaya (Marbella)
Investiga una presunta
trama de corrupción urbanística y municipal descubierta en el municipio de
Marbella, en la que se ha calculado que se robaron 500 millones de euros y se blanquearon otros 680
millones.
Supuso por primera vez la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y la
asunción de sus competencias, incluidas las urbanísticas, por una gestora hasta
las elecciones de 2007.
En esta operación además se bloquearon mil cuentas y se intervinieron bienes valorados en 3.000 millones de euros. Actualmente está pendiente de sentencia.
Caso de los ERE (Sevilla)
El caso saltó a raíz de los
dos ERE de Mercasevilla y permanece abierto desde enero de 2011. Suma 60
imputados y cuatro de ellos llegaron a estar encarcelados, aunque ya se
encuentran en libertad bajo fianza. Entre los imputados están el ex-consejero de
Empleo Antonio Fernández; un ex-viceconsejero, tres directores generales y dos
ex-delegados provinciales de Empleo.
La juez investiga la
posible instauración entre 2000 y 2010 en el seno del Gobierno andaluz de un procedimiento para conceder de manera arbitraria ayudas a
empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores burlando la ley de
subvenciones mediante la creación de lo que un imputado denominó "fondo de
reptiles", que habría contado con al menos 695 millones de euros de dinero
público. Se estima que el fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas.
Operación Pokémon
Comenzó en un juzgado de Lugo en septiembre de 2012 e investiga la existencia de una supuesta
trama para la obtención de concesiones y contratos públicos de manera presuntamente
irregular en varios ayuntamientos gallegos.El número de imputados supera la treintena, muchos de ellos políticos.
El último, en Santiago de Compostela, el alcalde Ángel Currás (PP), imputado pero sin medidas cautelares, la misma situación que tiene actualmente su homólogo en Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSOE), que además es presidente del PSdeG.
Además figura también acusado el ex-alcalde de Ourense Francisco Rodríguez (PSOE), que dejó el cargo.
Operación Campeón (Lugo)
En esta operación, que se
inició en 2011, se investigan presuntos delitos de fraude en subvenciones
públicas. La instrucción está a punto de llegar a su fin, después de más de año
y medio de diligencias para investigar la existencia de una supuesta trama para
obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta.
El principal acusado en
esta investigación judicial, con un centenar de imputados, es el empresario
lucense Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel.
La investigación ha
salpicado a políticos del PP, PSOE y BNG, como el ex-ministro de
Fomento José Blanco; el actual alcalde socialista de Lugo, Xosé López Orozco; el ex-diputado autonómico del PP Pablo Cobián y el ex-conselleiro del BNG Fernando Blanco. Se ultima la instrucción.
El principal acusado en
esta investigación judicial, con un centenar de imputados, es el empresario
lucense Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel.
La investigación ha
salpicado a políticos del PP, PSOE y BNG, como el ex-ministro de
Fomento José Blanco; el actual alcalde socialista de Lugo, Xosé López Orozco; el ex-diputado autonómico del PP Pablo Cobián y el ex-conselleiro del BNG Fernando Blanco. Se ultima la instrucción.
Caso Cooperación (Comunidad Valenciana)
Se investiga la supuesta
malversación, entre 2008 y 2011, de fondos del Gobierno valenciano destinados a
proyectos de cooperación internacional a través de una trama de ONG que
supuestamente consiguió y desvió las ayudas por unos seis millones de euros concedidas para iniciativas en Guinea, Haití y Nicaragua.
Por este caso está
encarcelado el empresario César Augusto Tauroni y hay 33 imputados, entre ellos el
ex-consejero de Solidaridad Rafael Blasco.
Posteriormente, el
ex-consejero de Hacienda José Manuel Vela y el ex interventor general de la
Generalitat Salvador Hernándiz, fueron imputados por posible revelación de
secreto en relación a un informe que encargó el juez sobre estas ayudas y que
al parecer podría haber sido facilitado a Blasco.
Orgullosos de defraudar
Por este caso está
encarcelado el empresario César Augusto Tauroni y hay 33 imputados, entre ellos el
ex-consejero de Solidaridad Rafael Blasco.
A menudo, escuchamos: “En España es donde
mejor se vive del mundo” o “Spain is different”. Estas afirmaciones,
obviamente, no se apoyan en nuestra alta posición en el ranking mundial económico,
ni por nuestro radiante sol, nuestra rica gastronomía, nuestra popular siesta ni
demás típicos tópicos, sino en el hecho de ser uno de los países donde más leyes se pueden incumplir sin que
nada le ocurra al infractor; una curiosa y extendida satisfacción de
sentirse a salvo al burlar la norma, tanto por nuestros políticos como por
nosotros mismos.
Aprendemos que hay que
respetar las reglas del juego, al igual que las maneras de incumplirlas. “Quien hace la ley hace la trampa”. Evitar
pagar el IVA al fontanero, o colarse en el metro sin pagar, es tan fraudulento
y corrupto como quien ostenta un cargo de responsabilidad y no tiene reparo en
cobrar un sobresueldo en dinero negro, o traficar con sus influencias como
recompensa a su excelso servicio público.
Tomar conciencia de sociedad
íntegra, honrada, solidaria y actuar en consecuencia es posible que sea una
utopía, a la vista de nuestras experiencias y vivencias históricas, pero al
menos, deberíamos hacer análisis de conciencia sobre hacia dónde nos han conducido nuestros antecedentes picarescos.
Si disponéis de un poco de tiempo podéis ir a este enlace de wikipedia, donde narra la historia de la corrupción en España, caso por caso, desde el reinado de Felipe III hasta hoy. NO TIENE DESPERDICIO:
Vídeo:
Bibliografía:
-La Vanguardia. Josep
M. Colomer y Ángel Acuña Delgado.
-Nueva Tribuna.es
-La información.com
-La información.com
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