
Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho" (Art. 47 Constitución española).

El número total de desahucios practicados entre enero y marzo de este año fue de 18.869 lo que supone un 2,1% más que en el mismo periodo de 2014, según el Consejo General del Poder Judicial.

No me gustaría caer en la fácil demagogia pues la ley está para cumplirse, pero estas cifras indican que 200 familias al día han sido desalojadas de sus casas, pero su deuda continúa. Las cifras indican que el 25% de la población activa (es decir, la que está en condiciones de trabajar) no encuentra trabajo. Uno de cada 4 españoles, jóvenes o adultos, no tienen garantizado su derecho al trabajo.
En efecto, nuestro gobierno, que se encuentra en el país de las maravillas, dirá que la media diaria de desahucios ha bajado este año (antes pasaban de los 500 al día, se calcula que en torno a 400.000 en toda España desde el inicio de la crisis) o que el paro baja mes tras mes, pero mi denuncia va encaminada hacia la vergonzosa, desmedida y deshumanizada codicia de los bancos que siguen impasibles ante esta cruel realidad, aun habiendo sido rescatados muchos de ellos, y hacia la incapacidad demostrada de los políticos para solucionar el problema. Y eso, sin mencionar la casi veintena de personas que, ante esta terrible situación, han puesto fin a su vida.
¿Qué queréis que os diga? ¿Para qué nos sirve una constitución que dice garantizarnos unos derechos que en la cruda realidad no son más que papel mojado? ¿Hasta que no nos toque cerca vamos a seguir callados o mirando para otro lado?
ES UNA VERGÜENZA INTOLERABLE, por parte de ellos y, sobre todo, por la nuestra.
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