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martes, 15 de octubre de 2013

GRIFO CERRADO AL CRÉDITO PRIVADO



Hoy, leyendo el diario El Mundo y en Invertia.com, he constatado una paradoja que viene produciéndose desde hace cinco años, desde el principio de la crisis financiera, y que sólo unos pocos le han dado la importancia que merece, y de la que hoy, el Banco de España, ofrece cifras escalofriantes: la concesión de crédito al sector público y la contracción del crédito a empresas y familias (privado).

El crédito total concedido a las Administraciones Públicas se situó en abril en 913.985 millones de euros, marcando un nuevo récord histórico, con un incremento del 18,9% respecto al mismo mes del año anterior. No se trata de una subida puntual, ya que desde 2009 ha crecido más de un 60% y se ha duplicado desde los años previos a la crisis (117,4%), cuando rondaba los 400.000 millones de euros, lo que demuestra que el endeudamiento de instituciones no sólo se ha hecho vía emisiones.

De esta forma, el aumento de los préstamos a las AAPP ha provocado que éstas copen uno de cada tres euros que se prestan en EspañaEn el año 2007, antes de la crisis, las administraciones apenas suponían un 16% de toda la financiación concedida en España. Pero, ¿las AAPP no se financian con nuestros impuestos?

Por el contrario, los préstamos a familias y empresas continúan alejándose de sus máximos históricos: 

Financiacion empresasLos préstamos a familias han retrocedido hasta los 811.000 millones de euros marcados en mayo, lo que supone un descenso interanual del 4,3% y del 11,3% desde el récord de 916.095 millones registrado en noviembre de 2008.


Los créditos a empresas se han reducido un 7,3% en el último año, situándose en 1,095 billones de euros, su nivel más bajo desde antes de la crisis. Frente a los máximos de abril de 2009, la financiación a las sociedades no financieras acumula un retroceso del 17,1%.
De esta forma, la única razón por la que se mantiene la inversión crediticia de las entidades financieras es por el aumento de los préstamos al sector público, puesto es prácticamente inexistente para familias y empresas.

Como excusa para "cerrar el grifo" del crédito privado, los bancos aluden a la concentración de excesivo crédito en el sector inmobiliario durante varias décadas. Entonces ¿quién es responsable de ello? ¿el sistema financiero? ¿el sector inmobiliario? ¿el resto de los sectores? ¿las familias? Y por otro lado, si poco a poco se perjudica al sector privado y beneficia al público, ¿no nos estamos acercando a un sistema más bien, comunista?

La ausencia del crédito es uno de los escollos fundamentales en la recuperación de la economía española, problema que no parece haberse visto resuelto pese a los 600.000 millones de euros públicos inyectados a la bancaLas entidades reciben el dinero, y no lo sueltan. La desconfianza y el alto índice de morosidad provocan que prefieran mantener esos valiosos fondos dentro de casa para asegurarse la liquidez o prestarla al sector público del que siempre han recibido, reciben y recibirán ayuda en caso de necesidad.

Se trata de la pescadilla que se muerde la cola, el Estado rescata a los bancos y los bancos se encargan de financiar al Estado; mientras el resto de la sociedad observa impasible preguntándose (por enésima vez) si no hubiera sido mejor dejar quebrar a ciertas entidades financieras.

El problema no es sólo que no se presta para nuevos proyectos, sino que no se presta ni para el circulante de empresas con trayectorias perfectamente rentables. La consigna es "no, por lo que pueda pasar". Y si las pymes o los emprendedores presentan avales, se les piden otros distintos a continuación, y garantías personales y planes de viabilidad del negocio y una lista interminable de requisitos. Entonces, ¿dónde está el crédito?.

La contracción del crédito es consecuencia de los esfuerzos que las entidades financieras deben realizar para cumplir con sus propios ratios de solvencia y también como consecuencia de las dificultades que encuentran para financiarse en los mercados lo que, junto a la mayor tasa de insolvencia empresarial y las malas expectativas económicas, se convierte en la justificación para racionar el crédito. 


Ahora bien, para lo que sí hay dinero es para prestárselo a las administraciones públicas y que éstas financien sus abultados déficits. Según el mismo informe, la financiación de las administraciones se disparó el 14,5% el año pasado entre crédito y compra de deuda pública, con lo que su peso en los balances de la banca ha aumentado del 10,3% al 11,8%. 

Pero, ¿no se trata de aplicar la misma norma para todos? Si los balances de una empresa o de una familia son negativos, se cierra toda posibilidad de financiación puesto que el riesgo de insolvencia es alto. Entonces, ¿por qué no se aplica el mismo criterio a las administraciones con balances negativos, con gestiones pésimas durante el mismo período de burbuja inmobiliaria y locura nacional generalizada y sin atisbo de cambio? ¿Quién paga al final todos los descalabros y las deudas de los sistemas político y financiero? Los de siempre: los ciudadanos.

Según el Presidente de la Asociación Española de Banca (AEB) Miguel Martín: «Los bancos hemos pecado, pero estamos pagando nuestra penitencia: La caída tremenda de cotización de nuestras acciones y el aumento de nuestras provisiones en cantidades infinitas». A su juicio, las entidades más equivocadas, en clara alusión a algunas cajas, deben ser liquidadas. «El que no puede subsistir, tiene que desaparecer, es la ley del mercado». Sin embargo, el director general de la Confederación Española de Cajas de Ahorros (CECA), José María Méndez discrepa: «Hay que evitar pánicos financieros»



¿En qué quedamos?: Las empresas no viables tienen que ser liquidadas y las familias insolventes, desahuciadas.
Sin embargo, las entidades financieras deben ser rescatadas, pase lo que pase y sin importar su situación. Y la financiación de las administraciones públicas, máxima prioridad. 
Recordemos que ambos entornos tienen verdaderos y gigantescos "agujeros negros".

¡Qué gran paradoja! ¡Qué gran diferencia entre unos y otros! Si la razón de ser de las entidades financieras es "prestar dinero" y no lo hacen ¿para qué nos sirven? ¿Por qué y para qué rescatarlas? ¿Para su exclusivo lucro individual y personal? ¿Existe connivencia entre la Administración y el sistema financiero?

Para salir de la crisis, los economistas se dividen entre los que abogan por el consumo  y apuestan por el gasto y la reactivación de la demanda para engrasar una economía gripada y los que, en cambio, insisten en que el ahorro es la única manera de hacer frente al estancamiento y que señalan que es necesario que los hogares ahorren lo suficiente para abrir nuevos negocios o para invertir en otros sectores. Si lo que nos ha llevado a esta situación es un modelo caduco, ¿tiene sentido seguir alimentándolo?

La caída del crédito a empresas y familias, tiene un claro culpable: la banca nacionalizada (Bankia, NovaGalicia, CatalunyaCaixa y Banco Valencia), que lejos de utilizar los recursos recibidos para prestarlos, deniega 8 de cada 10 créditos, según el Informe de Estabilidad Financiara publicado en 2012 por el Banco de España. El principal destino de los fondos es el crédito a las administraciones y la compra de deuda pública


La llamada "tasa de aceptación", es decir, el porcentaje de los préstamos solicitados que se conceden, se ha reducido desde el 45% en 2006 hasta niveles del 30% en la actualidad para el conjunto del sistema. Pero la tendencia es mucho más acusada entre las entidades del Grupo 1 -las nacionalizadas-, donde esta tasa ha bajado de casi el 50% al 20%, e incluso se situó por debajo durante 2012. El propio Banco de España achaca esta situación "en buena medida, a la más difícil situación financiera financiera de las entidades de dicho grupo a lo largo de los últimos ejercicios". 

Sin embargo y según El Confidencial.com, existe una disposición tajante de la Comisión Europea, el Banco Central Europeo y del Fondo Monetario Internacional para que la banca española empiece a dar crédito tanto a las empresas como a las familias:

Los "hombres de negro" de la troika (Comisión Europea, BCE y FMI) dejan un mensaje claro: las entidades tienen que empezar a dar crédito de una vez por todas para que el país pueda salir de la crisis, ya que este sigue cayendo a ritmos del 13%. 
Ahora bien, también muestran su preocupación por las nuevas provisiones exigidas para los créditos refinanciados y el cumplimiento de las nuevas normas de solvencia de Basilea III, precisamente dos de los factores que limitan la concesión de préstamos. Pero, casi todas las entidades responden que ellas sí están aumentando el crédito y que las que lo restringen son las demás. 
El mensaje ha sido transmitido a los representantes de Bankia, Liberbank y Unicaja, NCG Banco (Novagalicia) en plena subasta, Popular, Bankinter y Cajamar y el resto de las entidades importantes, aunque evidentemente las hay con mayor y menor capacidad para dar crédito. Por ejemplo, las nacionalizadas deben reducir su balance por el plan de rescate pactado con Bruselas y tienen limitado el volumen de crédito como porcentaje de los depósitos. De ahí que denieguen ocho de cada 10 solicitudes de préstamo.

Restricción del crédito al sector privado
Según los últimos datos del Banco de España, referidos a julio, el crédito al sector privado (empresas y familias) sigue cayendo a un ritmo interanual del 5,5% cinco años después del inicio de la crisis financiera. De hecho, la banca prefiere tener el dinero guardado en el BCE al 0% de interés antes que prestarlo, a pesar de la caída generalizada de los márgenes.
Para compensarlo, nuestras entidades se han lanzado alegremente al carry trade (pedir dinero prestado en Fráncfort al 0,75% para comprar deuda pública con una rentabilidad mucho más alta), que es lo que está salvando sus cuentas en lo que va de año.
La restricción del crédito al sector privado se justifica, según las entidades, por la falta de demanda "solvente", pero hay otros motivos: la necesidad de reducir el activo (desapalancarse) para purgar los excesos de la burbuja y elevar su solvencia, o el aumento imparable de la morosidad, que ha marcado máximo histórico en el 11,6% para el conjunto del sistema. Una mora que se va a acelerar todavía más con la reclasificación de los préstamos refinanciados a finales de mes. Y el poco crédito que se concede tiene un tipo de interés inasumible para la mayoría de empresas y familias. Para lo que sí hay dinero es para la financiación a las administraciones -que incluye la citada compra de deuda pública con la liquidez del BCE-, que crece a un ritmo del 17,3% interanual. 
Bruselas también tiene la culpa
Pero el drama de la falta de crédito también tiene que ver con otros elementos en los que la troika, y más concretamente la Comisión Europea, tiene mucho que ver. El primero es la necesidad de mayores dotaciones, en este caso para cubrir los créditos refinanciados, la "morosidad oculta" de la banca española. Evidentemente, si hay que destinar más recursos a provisiones no se pueden destinar a crédito. 
El ministro de Economía y Competitividad, Luis De Guindos. (EFE)Otro elemento impuesto desde el exterior a la banca española son las normas internacionales de solvencia de Basilea III. En principio, ninguna entidad debería tener problemas para cumplir con estas exigencias al final del período transitorio otorgado por las mismas (2019), lo que se conoce como phased in. El problema es que el mercado va a exigir que se cumpla ya este año lo que debería alcanzarse entonces (Basilea III fully loaded) y ahí sí que no llega ningún banco español ni siquiera con ampliaciones como las de Popular del año pasado o la de Sabadell de hace una semana.
Además, en este asunto tienen una importancia crucial los famosos activos fiscales diferidos (DTA) que llenan hasta los topes el balance de la banca española y que deben restarse de los fondos propios. Para evitarlo, el Gobierno está peleando con Bruselas una fórmula que permita que sigan computando como capital, como se ha hecho en el resto de grandes países europeos. Y aunque las perspectivas son optimistas, no parece probable que puedan salvarse íntegramente los 51.000 millones que hay en DTA.
Alguien miente
Es sorprendente que todas las grandes entidades españolas aseguran que están creciendo en crédito; o en los casos en que admiten que lo han reducido (Santander, BBVA o Bankia), sostienen que aun así están incrementando su cuota de mercado; es decir, que los competidores registran caídas incluso superiores (muy superiores, cabría decir, para anular las de estos gigantes). Esto es, yo doy crédito y son los demás los que lo niegan.
Esta contradicción entre la comunicación de las entidades individuales y la agregada del sector que ofrece el Banco de España se viene dando desde el inicio de la crisis y sólo ha contribuido a profundizar el descrédito internacional de las cifras de la banca española, tanto públicas como privadas. 



Vídeo:




Bibliografía:

- El Mundo, 14 de octubre de 2013
- Elconfidencial.com, 22 de julio de 2013
- Invertia.com, 15 de octubre de 2013
- Financialred.com, 15 de mayo de 2013

sábado, 7 de septiembre de 2013

ESPAÑA CORRUPTA





Los problemas que más nos preocupan en España siguen estando encabezados por el paro, en el segundo lugar, los problemas económicos, en tercer lugar, la clase política y los partidos, y en cuarto lugar, la corrupción. Y no deja de ser curioso que los cuatro tienen una sorprendente interdependencia.

España está inmersa en una gran crisis moral y ética a causa de la sensación  generalizada de corrupción en la política, aunque también en otros estadios de la sociedad como la economía, las finanzas, el deporte, la cultura, etc.

Los partidos políticos en nuestro país no buscan la excelencia sino la fidelidad, dentro de un sistema opaco de efecto rebote, en el que la ciudadanía no evita ni condena el fraude desde los niveles más cotidianos del día a día hasta los niveles más alto del Estado.


Los países europeos con más altos niveles de corrupción son el grupo de naciones a los que los anglosajones denominan peyorativamente “PIGS” (Portugal, Italia, Grecia y Spain), término que hace referencia a una frase hecha para designar a algo inverosímil: flying pig (cerdo que vuela) y que metafóricamente destaca el hecho de que, una vez dentro de la Unión Europea, sus “economías volaron” y ahora vuelven a caer a la tierra. Actualmente, incorporan Irlanda a este grupo y los denominan “GIPSY” (gitano).


Fidelidad frente a méritos


La mayor parte de los escándalos de corrupción tiene su origen en los  partidos políticos y su financiación. En España, los partidos están  sobreprotegidos mediante el actual e injusto sistema electoral, las abundantes subvenciones públicas, la ausencia de control y las leyes que fomentan la opacidad y evitan la trasparencia (que ellos mismos dictan para su interés y perpetuidad).


Como consecuencia de ello, muchas personas, con nula capacidad, escaso talento y limitada aptitud para el desarrollo de otras actividades distintas a la política, han pasado a formar parte de las huestes profesionalizadas de nuestros partidos políticos. Y lo peor de todo, nunca han trabajado fuera de la política por lo que no saben ni comprenden los problemas de los ciudadanos trabajadores.

La consecuencia es que el nivel medio de la clase política española es posiblemente el más bajo de Europa (muchos ministros y altos cargos no hablan idiomas y/o no tienen estudios superiores).
El reclutamiento de afiliados se basa en la fidelidad, de modo que los partidos están mayoritariamente formados por buscadores de cargos. El resultado es una verdadera oligarquía, es decir, el gobierno de los peores. El poder e influencia políticos se perpetúan por lealtad a un partido, con un compendio de ideas programáticas y organizados jerárquicamente, sin que las cualidades éticas, académicas, etc. sean de mérito reconocido ni de importancia requerida.



Algunas soluciones

Pensábamos que la corrupción y el tráfico de influencias había llegado a su punto álgido con la burbuja inmobiliaria, pero ha continuado creciendo en número y gravedad hasta hoy (caso Gurtel, caso Blanco, caso Bárcenas, caso ERES Andalucía o caso Noos), con la diferencia de que ahora los intermediarios que cobran comisiones son miembros del propio partido o los cargos públicos directamente.  

Muchas de estas vergonzosas situaciones se podrían evitar con la creación de listas abiertas en las elecciones, en las que el ciudadano pueda elegir los cargos políticos con independencia del partido al que pertenezcan.

Asimismo, sería conveniente establecer un control externo y total transparencia en las finanzas de los partidos políticos, incluidas sus organizaciones locales, así como sus ramas juveniles y fundaciones.
Por supuesto, sería necesario priorizar una eficiente gestión profesional de las administraciones públicas –central, autonómica y local– sin partidismos y que los contratos y licencias sean transparentes y de ámbito público.
Para que estas medidas de control fueran efectivas, sería esencial que la Justicia imponga sanciones. Lo que requeriría más medios humanos y menos trámites burocráticos en los organismos judiciales, lo contrario de lo que ahora sucede.

Es muy improbable que los partidos impulsen este tipo de reformas por sí mismos. La reacción de los políticos al escándalo de los sobresueldos muestra que tienen miedo de que se sepa lo que hacen o creen que la gente no los valoraría ni siquiera por lo poco que cobran (en comparación con la mayor parte de los políticos europeos).

De seguir por el camino que vamos, el contexto más probable será el ejemplo griego: un mayor enroque y la consiguiente disgregación de los partidos y, como consecuencia, peor gestión pública y más hundimiento económico, mayor degeneración política y, desde luego, aún mayor corrupción.


Top ten de la España corrupta



Caso Gürtel (Madrid y Valencia)

Supuesta trama de corrupción ligada a varios cargos del Partido Popular (PP), que comenzó a instruir en 2009 el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón (condenado después por ordenar escuchas ilegales en el caso), y que pasó después a ser investigado por los Tribunales Superiores de Justicia de Madrid y de la Comunidad Valenciana, así como por el Tribunal Supremo.


Cerca de 120 personas han estado imputadas en este caso, entre ellas Francisco Correa, presunto cerebro de la trama; el ex-presidente de la Generalitat Valenciana Francisco Camps (absuelto en la 'causa de los trajes'), y el ex-senador y ex-tesorero del PP Luis Bárcenas, que tiene 22 millones de euros en una cuenta bancaria en Suiza, según probó la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (UDEF), aunque él dijo en sede judicial que llegó a tener unos 38 millones. El cálculo de esta trama estima en 120 los millones de euros robados y 48 los millones blanqueados.


Caso Palma Arena (Baleares)

Iniciado en 2008 para investigar el sobrecoste de 42 millones de euros en la construcción del velódromo Palma Arena durante el gobierno autonómico de Jaume Matas del Partido Popular (2003-2007), ha derivado en 26 piezas distintas, entre las que figuran varias en torno a los incrementos patrimoniales de Matas.En el primer juicio, Matas fue condenado en marzo de 2012 a seis años de prisión por beneficiar con dinero público al periodista que le escribía los discursos.

Esta condena está pendiente de recurso ante el Supremo. Quedan por juzgarse el resto de casos.

Caso Nóos (Baleares)

Es una pieza separada del Palma Arena en la que se investiga desde 2010 el supuesto desvío al Instituto Nóos, que presidía Iñaki Urdangarin, de más de 6,1 millones de euros de los gobiernos regionales de Baleares y la Comunitat Valenciana entre 2004 y 2007 en convenios firmados por el duque de Palma. Según Hacienda, el Instituto Nóos habría facturado en total 16 millones de euros provenientes de 103 administraciones públicas y organizaciones ajenas.
En esta causa, que se investiga en Palma, pero con ramificaciones en Valencia y Barcelona, hay imputadas una veintena de personas. 
La Fiscalía ha reclamado a Urdangarin y a su ex-socio Diego Torres, los dos principales acusados, una fianza de 8.189.448 euros en concepto de responsabilidad civil derivadas de las condenas que les podrían imponer por este caso. El juez ultima la instrucción, que no tiene todavía fecha de juicio.


Caso Palau de la Música (Cataluña)

La causa abierta en 2009 por el saqueo del Palau de la Música a manos de sus ex-responsables Fèlix Millet y Jordi Montull derivó en 2011 en una investigación por el presunto pago de comisiones de la constructora Ferrovial a Convergència Democràtica de Catalunya (CDC) a través de la institución cultural, a cambio de la adjudicación de obra pública. CDC tiene su sede embargada a la espera de sentencia porque se considera a este partido responsable del desvío de 3,3 millones de euros.

En esa investigación judicial por el presunto desvío de fondos del Palau, ya casi ultimada, permanecen imputadas una veintena de personas, entre ellas los saqueadores confesos del Palau, pero también cargos de CDC, como su ex-tesorero Daniel Osàcar o el ex-secretario de Comunicación de la Generalitat Marc Puig, así como un ex-directivo de la constructora Ferrovial.

Caso ITV (Cataluña)

Un juzgado de Barcelona investiga desde el año pasado una presunta trama empresarial que supuestamente intentó amañar los concursos de concesiones de ITV en Cataluña, en la que está imputado el ex-número 2 de la Diputación de Barcelona Josep Tous, además del subdirector de Seguridad Industrial de la Generalitat, Isidre Masalles, junto a tres empresarios del sector.
A petición de la Fiscalía, el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) ha imputado al secretario general de Convergència, Oriol Pujol, al que un informe de la Agencia Tributaria sitúa como "colaborador necesario" de la red de empresarios. Se estima en cinco millones de euros el dinero movido ilegalmente en esta presunta trama de tráfico de influencias.





Operación Malaya (Marbella)


Investiga una presunta trama de corrupción urbanística y municipal descubierta en el municipio de Marbella, en la que se ha calculado que se robaron 500 millones de euros y se blanquearon otros 680 millones. Supuso por primera vez la disolución del Ayuntamiento en abril de 2006 y la asunción de sus competencias, incluidas las urbanísticas, por una gestora hasta las elecciones de 2007.
En esta operación se juzgó desde septiembre de 2010 a 95 personas supuestamente implicadas en la mayor trama de corrupción en un ayuntamiento español, entre ellas, al ex-alcalde Julián Muñoz y al cerebro de la trama y ex-asesor de Urbanismo Juan Antonio Roca.

En esta operación además se bloquearon mil cuentas y se intervinieron bienes valorados en 3.000 millones de euros. Actualmente está pendiente de sentencia.


Caso de los ERE (Sevilla)


El caso saltó a raíz de los dos ERE de Mercasevilla y permanece abierto desde enero de 2011. Suma 60 imputados y cuatro de ellos llegaron a estar encarcelados, aunque ya se encuentran en libertad bajo fianza. Entre los imputados están el ex-consejero de Empleo Antonio Fernández; un ex-viceconsejero, tres directores generales y dos ex-delegados provinciales de Empleo.

La juez investiga la posible instauración entre 2000 y 2010 en el seno del Gobierno andaluz de un procedimiento para conceder de manera arbitraria ayudas a empresas en crisis y prejubilaciones a trabajadores burlando la ley de subvenciones mediante la creación de lo que un imputado denominó "fondo de reptiles", que habría contado con al menos 695 millones de euros de dinero público. Se estima que el fraude ascendería a 1.400 millones de euros y afectaría a 68 empresas.



Operación Pokémon


Comenzó en un juzgado de Lugo en septiembre de 2012 e investiga la existencia de una supuesta trama para la obtención de concesiones y contratos públicos de manera presuntamente irregular en varios ayuntamientos gallegos.

El número de imputados supera la treintena, muchos de ellos políticos. 






El último, en Santiago de Compostela, el alcalde Ángel Currás (PP), imputado pero sin medidas cautelares, la misma situación que tiene actualmente su homólogo en Lugo, Xosé Clemente López Orozco (PSOE), que además es presidente del PSdeG.





Además figura también acusado el ex-alcalde de Ourense Francisco Rodríguez (PSOE), que dejó el cargo.


Operación Campeón (Lugo)

En esta operación, que se inició en 2011, se investigan presuntos delitos de fraude en subvenciones públicas. La instrucción está a punto de llegar a su fin, después de más de año y medio de diligencias para investigar la existencia de una supuesta trama para obtener subvenciones públicas de forma fraudulenta.
El principal acusado en esta investigación judicial, con un centenar de imputados, es el empresario lucense Jorge Dorribo, propietario de la farmacéutica Nupel.

La investigación ha salpicado a políticos del PP, PSOE y BNG, como el ex-ministro de Fomento José Blanco; el actual alcalde socialista de Lugo, Xosé López Orozco; el ex-diputado autonómico del PP Pablo Cobián y el ex-conselleiro del BNG Fernando Blanco. Se ultima la instrucción.

Caso Cooperación (Comunidad Valenciana)

Se investiga la supuesta malversación, entre 2008 y 2011, de fondos del Gobierno valenciano destinados a proyectos de cooperación internacional a través de una trama de ONG que supuestamente consiguió y desvió las ayudas por unos seis millones de euros concedidas para iniciativas en Guinea, Haití y Nicaragua.
Por este caso está encarcelado el empresario César Augusto Tauroni y hay 33 imputados, entre ellos el ex-consejero de Solidaridad Rafael Blasco
Posteriormente, el ex-consejero de Hacienda José Manuel Vela y el ex interventor general de la Generalitat Salvador Hernándiz, fueron imputados por posible revelación de secreto en relación a un informe que encargó el juez sobre estas ayudas y que al parecer podría haber sido facilitado a Blasco.
Orgullosos de defraudar

A menudo, escuchamos: “En España es donde mejor se vive del mundo” o “Spain is different”. Estas afirmaciones, obviamente, no se apoyan en nuestra alta posición en el ranking mundial económico, ni por nuestro radiante sol, nuestra rica gastronomía, nuestra popular siesta ni demás típicos tópicos, sino en el hecho de ser uno de los países donde más leyes se pueden incumplir sin que nada le ocurra al infractor; una curiosa y extendida satisfacción de sentirse a salvo al burlar la norma, tanto por nuestros políticos como por nosotros mismos.
Aprendemos que hay que respetar las reglas del juego, al igual que las maneras de incumplirlas. “Quien hace la ley hace la trampa”. Evitar pagar el IVA al fontanero, o colarse en el metro sin pagar, es tan fraudulento y corrupto como quien ostenta un cargo de responsabilidad y no tiene reparo en cobrar un sobresueldo en dinero negro, o traficar con sus influencias como recompensa a su excelso servicio público.
Tomar conciencia de sociedad íntegra, honrada, solidaria y actuar en consecuencia es posible que sea una utopía, a la vista de nuestras experiencias y vivencias históricas, pero al menos, deberíamos hacer análisis de conciencia sobre hacia dónde nos han conducido nuestros antecedentes picarescos.

Si disponéis de un poco de tiempo podéis ir a este enlace de wikipedia, donde narra la historia de la corrupción en España, caso por caso, desde el reinado de Felipe III hasta hoy. NO TIENE DESPERDICIO:




Vídeo:



Bibliografía:

-La Vanguardia. Josep M. Colomer y Ángel Acuña Delgado.
-Nueva Tribuna.es
-La información.com